En este caso no estamos, en lo que se refiere al concreto acto aquí impugnado, en la suspensión potestativa del apartado primero de ese precepto en cuyo caso, en coherencia con ese carácter potestativo de la decisión, se requiere una motivación reforzada de dicho acto administrativo. Pero es que en el presente supuesto dicha decisión potestativa fue en su momento adoptada en fecha 28 de enero de 2022 y ese acto administrativo de suspensión facultativa no fue impugnado por el actor. Lo que ahora se impugna es un acto administrativo bien diferente, y en el que en realidad ya no hay un determinado margen de decisión municipal al respecto, sino que se establece esa suspensión de forma imperativa y se produce ope legis con el propio acto de aprobación inicial del Plan. Su campo de actuación ya no descansa por tanto en una concreta actuación municipal o decisión al respecto, sino que ese efecto se produce ope legis y su delimitación pasa más bien por cuanto que esa suspensión solo afecta a aquellos supuestos en que «las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente» es decir, aquellos casos en que con la licencia en cuestión que se fuera a pedir afecte a ámbitos en que esa nueva determinación del PGOU implique una modificación del anterior. Es por tanto un efecto automático y sin margen de decisión municipal al respecto y basta para que esa suspensión se produzca con que exista esa colisión entre las determinaciones contempladas en el PGOU y las que el nuevo PGOU prevé.
No es preciso por tanto una especial motivación para mantener la conformidad a derecho de lo que no es sino una consecuencia automática ligada únicamente a dos extremos: primero el que haya una aprobación inicial del PGOU y, segundo, que exista una colisión entre las determinaciones que contemple uno y otro instrumento. Basta con ello para dar lugar a la suspensión