INCIDENCIA DE LA LEY 4/2005, DE 25 DE JUNIO, PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICAS

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La Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. tiene una gran incidencia en la tramitación de los diferentes instrumentos de ordenación y ejecución urbanísticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, Planes Parciales y Especiales, Programas de Actuación Urbanizadora y Proyectos de Urbanización.

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La Ley define los instrumentos necesarios para conocer y controlar la calidad del suelo: Los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo, los informes de situación de suelo, las investigaciones exploratorias de calidad del suelo, las investigaciones detalladas de calidad del suelo y las investigaciones del estado final del suelo.

Asimismo, dada la incidencia del urbanismo en el derecho de propiedad, es importante conocer las obligaciones de los poseedores y propietarios del suelo. A modo de principio general, la Ley 4/2015 en su artículo 15 dispone que “la protección del suelo constituye un deber básico de las personas físicas o jurídicas poseedoras de suelos y de quienes sean sus propietarias, que
conlleva la obligación de conocer y controlar la calidad del suelo, así como de adoptar medidas preventivas, de defensa, de recuperación y de control y seguimiento, en los casos que determine esta ley.”

A continuación, el artículo 16 establece que las personas físicas o jurídicas que pretendan implantar nuevas actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo deberán remitir, en el marco de la autorización o comunicación sustantiva a que se halle sometida ésta, un informe de situación del suelo en orden a que el órgano ambiental competente pueda incorporar, en su caso, medidas en relación con el suelo.


Por tanto, quienes posean la iniciativa tanto pública como privada para roponer la ordenación de las actuaciones de transformación urbanística (artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana), deberán de tener muy presente esta cuestión, incluso, como se dice coloquialmente, deberían de empezar a mover ficha de cara a facilitar la tramitación de los futuros instrumentos de ordenación y ejecución urbanísticas.

Pasemos a analizar el contenido del artículo 23 de la ley:

1. Corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma declarar la calidad del suelo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante.

b) Ejecución de movimientos de tierras en un emplazamiento que hubiera soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo y que en la actualidad se encuentre inactivo.

c) Cese definitivo de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo.

d) Cambio de uso de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante.

e) Indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes en el suelo en concentraciones que puedan suponer un riesgo.

f) A iniciativa de las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras del suelo.

2. Los movimientos de tierra que deban ejecutarse como consecuencia de alguna de las actuaciones recogidas en el apartado anterior exigirán la previa aprobación, por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, de un plan de excavación selectiva en el marco del correspondiente procedimiento de declaración de la calidad del suelo.

En mi opinión el supuesto b) (Ejecución de movimientos de tierras en un emplazamiento que hubiera soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo y que en la actualidad se encuentre inactivo) es el supuesto genérico, y desde luego engloba al supuesto d) (Cambio de uso de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante.).

Un supuesto práctico sería una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, donde un suelo calificado de industrial pasaría a una calificación residencial. Si o sí desembocará en un movimiento de tierras.

De acuerdo con el artículo 31.2, en los supuestos contemplados en el epígrafe b) del apartado primero del artículo 23, la resolución de autorización de la excavación deberá emitirse por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma con anterioridad al otorgamiento de las licencias o autorizaciones sustantivas que habiliten para la ejecución de los movimientos de tierras.

Sin embargo, en el supuesto contemplado en el epígrafe d) del apartado primero del artículo 23, la declaración de la calidad del suelo deberá emitirse por el órgano ambiental con anterioridad a la aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos que incluyan la ordenación pormenorizada de la parcela o parcelas que soporten o hayan soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo o con anterioridad a la modificación de dichos instrumentos y, preferentemente, en las fases iniciales de los respectivos procedimientos.

Por tanto, el caso d) nos dibuja varios supuestos:

            -Antes de la modificación de Plan General del Ordenación Urbana que contenga   también la ordenación pormenorizada del ámbito (Artículo 61.b) de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco: El plan general de ordenación urbana establece las siguientes determinaciones de ordenación: Con carácter potestativo, la  ordenación pormenorizada del suelo urbanizable sectorizado y del suelo urbano no incluido por el plan general en la categoría de suelo urbano consolidado, pudiendo  ser remitida en ambos supuestos a su ordenación por planeamiento de ordenación pormenorizada).

            -Antes de la aprobación del Plan Parcial o del Plan Especial de Ordenación Urbana.

El siguiente párrafo parece que intenta suavizar algo la norma:

No obstante, en el supuesto de que en el emplazamiento, en todo o en parte, concurriesen circunstancias que impidieran llevar a cabo las investigaciones de la calidad del suelo, podrá procederse a la aprobación definitiva del instrumento de ordenación de que se trate sin la declaración de la calidad del suelo. En este caso, dicha declaración deberá emitirse con anterioridad a la aprobación inicial del Programa de actuación Urbanizadora o, en su defecto, de los proyectos de reparcelación y urbanización del ámbito de gestión en cuya delimitación se incluya el emplazamiento.

Como toda excepción a la regla, las circunstancias que impidieran llevar a cabo las investigaciones de la calidad del suelo, han de interpretarse restrictivamente. Supongo que habrá casuística (falta de acceso a la propiedad,…).

Los escenarios contemplados, por tanto, serían los siguientes:

            -Antes de la aprobación inicial del programa de actuación urbanizadora, en el supuesto de actuaciones integradas.          

            -Antes del proyecto de urbanización.

            -Antes del proyecto de reparcelación. A mi juicio, es lógico presuponer que el proyecto   de urbanización se aprobará antes que el proyecto de reparcelación, ya que el   proyecto de reparcelación necesitas conocer con cierto grado de detalle las cargas y constes de urbanización.

Respecto a las consecuencias de los incumplimientos legales las mismas se circunscriben a la fase edificatoria, es decir, a las licencias. El artículo 26.1 de la Ley señala:

1. Serán nulas de pleno derecho las licencias, autorizaciones y demás resoluciones emitidas por el órgano sustantivo, sin pronunciamiento favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, emitido en el marco de los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo, en los supuestos en los que estos resulten exigibles o sin que haya transcurrido el plazo máximo de resolución de los mismos conforme a lo regulado en el capítulo siguiente.

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